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Del 27 a 30 de abril México enfrentará en Santiago de Chile un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presunta impunidad, falta de investigación y de actuación ante el sinnúmero de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez que permanecen impunes.

El juicio se centrará únicamente a tres casos de feminicidio ocurrido en Lomas de Poleo en 2001 (cuando se hallaron 8 cadáveres de mujeres, 5 de los cuales no fueron identificados), pero es evidente que su resultado sentará un antecedente para los otros cientos de casos sin resolver. La acusación estará a cargo de los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña, quienes exigen al organismo una condena de la “responsabilidad internacional de la República Mexicana”.

Los asesinatos de mujeres en el Estado de Chihuahua se repiten sin parar: aparecen algunos cuerpos desfigurados a modo de ritual o con huellas de tortura, violación y mutilación, otros son enterrados y jamás se logra saber el paradero de las miles de mujeres desaparecidas.

Las investigaciones oficiales están plagadas de irregularidades, manipulaciones y misteriosas omisiones por parte de las autoridades, lo cual demuestra que hay una estructura que protegen a los asesinos.

Marisela Ortiz de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C. habla en una carta a los abogados de la acusación del clima de  “ingobernabilidad” y “terror” que predomina en el estado fronterizo: “secuestros a empresarios, cierre de negocios, extorsiones a ciudadanos ordinarios, asaltos a mano armada, desapariciones de jóvenes mujeres, ejecuciones del crimen organizado”. Marisela añade: “No existe una persona que no haya sufrido la acción del hampa (...) Nadie confía en las autoridades formales, mucho menos en los cuerpos policiacos".

Asimismo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ONG con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó también a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos que ordene tomar las medidas necesarias para erradicar los estereotipos de género, "en concepto de inferioridad y subordinación", que son "la causa de la discriminación y la violencia contra las mujeres de Ciudad Juárez".

El asesor de la acusación, el abogado español Emilio Ginés -miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT)-, participó en agosto de 2008 en una misión internacional de la Organización Mundial contra la Tortura, de la que derivaron unas conclusiones enviadas en septiembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, EU, donde se hacen constar que los feminicidios ascienden a más de mil de 1993 hasta hoy. De ahí, el caso fue turnado a la CIDH que pronto juzgará el caso.

Una de las reivindicaciones de la acusación es que las investigaciones pasen de la procuraduría estatal a la federal, debido al alto grado de connivencia entre las autoridades locales y el crimen organizado. Otra es que se investiguen las denuncias por amenazas, hostigamiento y persecución presentadas por los familiares de las víctimas.

La acusación intentará llevar a la CIDH a declarar los feminicidios en Ciudad Juárez como crimenes de lesa humanidad, de forma tal que la sentencia tendrá efecto en todo el mundo.