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razonando e informando sobre la mujer

"No hay nada potencialmente más sucio
que una guerra escondida”
Susan Sontag

En México es bien sabida la indiferencia e incluso la connivencia de las fuerzas armadas en muchos casos de violencia hacia las mujeres y de feminicidio. Ciudad Juárez es un fúlgido ejemplo de ello. Sin embargo, hay algo más preocupante e indignante: en los últimos años se han multiplicado los episodios de violencia sexual de las mismas fuerzas armadas hacia  las mujeres y éstos han quedado impunes en su mayoría.

Este fenómeno representa una grave alarma, porque por un lado manda una señal inequívoca a la sociedad acerca de la escasa relevancia que se debe atribuir a la violencia hacia las mujeres y al feminicidio (su máxima degeneración) y por el otro constituye una arma más de control político y social. Asimismo, un Estado en el que la violencia hacia las mujeres no sólo no es castigada, sino que incluso es practicada y utilizada por las fuerzas armadas para “reestablecer” el orden constituido no puede más que decirse autoritario e incapaz de hacerse garante de cualquier derecho humano.

VIOLENCIA HACIA MANIFESTANTES Y ACTIVISTAS SOCIALES

Atenco
En mayo 2006, durante una manifestación en San Salvador Atenco, Edomex., del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra –célebre por su resistencia y triunfal victoria en el plan de traslado del aeropuerto capitalino que había propuesto en 2005 el entonces presidente Vicente Fox- fueron brutalmente golpeadas y arrestadas 106 personas, de las cuales 47 mujeres (entre las cuales una chilena, dos españolas y una alemana).
Durante el traslado, insólitamente prolongado de las 2 horas normales a 6 horas, treinta de ellas fueron objeto de vejaciones y violaciones por parte de policías del Estado de México y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Gabriela Téllez Venegas, de dieciocho años, residente en Texcoco, Edomex., cuenta: «venía del trabajo sobre la calle Manuel González, cuando vi un camión donde llevaban a los señores y señoras y me quedé parada. Ahí me vieron los policías y me dijo uno, “¿Qué me ves?”. Y dijo otro, “Súbela por pendeja”. Me empezaron a pegar y a preguntar dirección, edad y nombre; y tres de ellos me apartaron porque me querían seguir pegando con patadas y toletazos, me empezó a agarrar la cara uno de ellos, me metía los dedos en la boca y en la vagina y me obligó a hacerle sexo oral, me echó su esperma en mi suéter blanco y vino otro policía y lo mismo, me agarró mis pechos y dijo, “ésta está bien buena y está amamantando, ¿verdad?”».
Valentina Palma, una estudiante chilena de cine que estaba filmando la manifestación, afirma: «Todos los policías que iban allí, en esa camioneta, me metieron mano y dedo como quisieran. Cuando la camioneta paró, yo ya tenía los pantalones completamente abajo».
Otra manifestante explica: «En el camión nos decían que ahí íbamos a morir. Yo empecé a escuchar las clamaciones de mujeres que decían: “Ya no, no me toques. Por favor, ya no”. Y ellos les decían: “Abre las piernas, perra maldita” o “Hijas de su puta madre, ahora van a ver lo que es estar en una revuelta”».1
Se preguntarán el por qué de semejante operativo. La respuesta es sencilla: se trataba de dar una lección a un sector radical de la población que –por una vez- había prevalecido en las elecciones neoliberales del gobierno de Fox, y de tomarse la revancha por la batalla recién perdida, debía ser un llamado para evitar que se repitieran análogos casos de insubordinación. Y para hacerlo, el aparato federal no hesitó a emplear métodos barbáricos y brutales como la tortura, la violencia sexual, psicológica y física.
Según el periodista Carlos Fazio, «el fondo de la cuestión por un lado es bajar las defensas de las víctimas, sumirlas en la total indefensión, quebrarlas si son militantes políticas, pero el otro efecto está dirigido al grueso de la población. Este tipo de política lo que quiere es sembrar el terror, un miedo paralizante en el resto de la población. El mensaje es: no te metas, si te metes, te puede pasar lo que a las presas políticas de San Salvador Atenco»2.
Pese a las denuncias de las víctimas, suportadas por diversas ONG’s, a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, así como a las resoluciones del Tribunal Federal Superior de Justicia, ningún policía ha sido condenado hasta ahora. Es más, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, autor ejecutivo, se sigue declarando «orgulloso» del operativo realizado y afirma que «volvería a actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden y la paz social»3.

Oaxaca, Oax.
El 25 de noviembre de 2006 en Oaxaca, Oax., durante una manifestación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) de repudio hacia el gobierno autoritario de Ulises Ruiz, fueron arrestados 137 manifestantes y, como en el caso de Atenco, en el traslado del lugar del arresto a la cárcel 15 hombres y 34 mujeres sufren repetidas violencias y abusos sexuales por parte de elementos de la policía estatal, como testimonia Yésica Sánchez de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Sección de Oaxaca4. Hasta la fecha ningún policía ha sido condenado por los hechos.

VIOLENCIA SOBRE CIVILES

Castaños, Coah.
El 11 de julio de 2006 un grupo de aproximadamente 20 soldados del XIV Regimiento Motorizado de Caballería, asignados a una casilla local para las elecciones presidenciales, entró en los locales “El Pérsico” y “La Playa” de la zona de tolerancia de Castaños, Coah., y violó brutalmente a 14 bailarinas y prostitutas que trabajaban ahí, bajo las miradas asombradas de clientes (luego golpeados y privados de sus pertenencias) y policías privados (desnudados y golpeados). La razón de tanta violencia es la venganza: pocos minutos antes de la violación tumultuaria, el soldado José Agustín Álvarez Flores había sido alejado de los locales por su actitud rijosa y volvió poco después con sus compañeros. Las víctimas reportaron graves lesiones físicas y psicológicas. Una de ellas incluso quedó embarazada y tuvo una niña.
Narra una de las víctimas, Mimí, «Dijeron que ellos eran soldados, que eran superiores a cualquiera, que tenían derecho a hacer lo que quisieran. Además, nosotras éramos unas "putas" y para eso estábamos, para complacerlos en todo. Primero fue uno de ellos. Me tomó por la fuerza, me golpeó y me  hizo mucho daño. Se portó como un loco, como un verdadero cobarde. Yo estoy acostumbrada a tratar con todo tipo de hombres  y algunos son groseros, pero esto era muy diferente, los soldados disfrutaban con nuestro dolor, era como un juego perverso, en el cual todos querían ganar […] No tuvieron piedad. Era como si estuvieran poseídos o como si un odio irrazonable provocara su iracundo y depravado proceder […] Me dolió y mucho. Eso que nos pasó no lo merece ninguna mujer. Fue como ellos quisieron. Me desnudaron y tuve que bailar mientras observaban y se reían. En todo momento me apuntaron con sus armas, me gritaron un sin fin de groserías, me humillaron, me hicieron sentir peor que basura […] Después de que abusaron de mí esos tres degenerados me llevaron junto a las demás. Nos pusieron desnudas de frente en una pared y simularon un fusilamiento. Tengo muy grabada la voz de uno de ellos que era el que daba las órdenes. Yo me sentí morir. Es lo peor que me ha pasado en mi vida. Justo cuando esperaba el tiro que terminaría con mi vida, cerré mi ojos y recé, pensé en todo lo que hasta ahora había sido mi vida. Fue entonces que pude escuchar las risas, eran carcajadas burlonas, abrí mis ojos y dijeron “¡bang!”. Ese momento jamás se me olvidará, aún tengo pesadillas por las noches. Tengo miedo y siento que continuamente alguien me persigue, es horrible, como en un momento pueden arruinarte la vida para siempre ».5
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acepta entregar los presuntos responsables a la justicia civil, sólo después de que una corte marcial los juzgue, pero en los hechos encubre muchos nombres: sólo ocho militares –un oficial y siete soldados- son arrestados, mientras que otros dos presuntos responsables siguen prófugos y los demás elementos jamás serán identificados. La abogada defensora de las víctimas, Sandra de Luna, es amenazada por familiares de los acusados y las víctimas reciben repetidas amenazas de muerte y conspicuas ofertas de dinero a cambio de que se desistan de su denuncia. Sin embargo, sólo dos de las víctimas ceden a los chantajes. Es el primer caso en la historia reciente de México en el que unos militares son juzgados ante un tribunal civil por violencia sexual. Pero el resultado es como mínimo desalentador: el 1º de octubre de 2007 el juez Hiradier Huerta emite una sentencia que condena sólo a cuatro militares a una pena que va de los 21 a los 41 años de cárcel, pero uno de ellos, Ángel Antonio Hernández Niño (condenado a 3 años y 9 meses) podría salir simplemente bajo fianza. Los otros cuatro son exonerados por falta de pruebas, porque una de las víctimas se rehusó a identificarlos. Según el obispo de Saltillo, Raúl Vera, la sentencia «mantiene la puerta abierta para que miembros del Ejército Mexicano sigan realizando todo tipo de atropellos»6; en una carta abierta afirma que « es un mensaje a la nación de que la tropa mexicana tiene carta abierta para hacer “lo que quiera”»7. Y añade, «no son más que “signos de dictadura militar»8. Incluso el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, definió como “tibia” dicha sentencia. El Consejo de Guerra, tribunal militar, condenó a seis de los ocho imputados a una pena que va de 18 a 24 meses de detención, para cumplirse después de cumplir la pena civil, por delito de “abandono de las funciones de servicio”.

Michoacán
El 2 de mayo de 2007, con el pretexto de aprender a los asesinos de cinco soldados empeñados en operaciones contra el narcotráfico en el Estado de Michoacán, el ejército mexicano llega al punto de saquear las casas de los habitantes de Nocupétaro y secuestrar a cuatro trabajadoras menores de edad y la propietaria del restaurante local “La Estrellita”, Carmela Gamiño, a quien se le sospecha tener nexos con la banda narcotraficante de Los Zetas. Las muchachas y la mujer, quienes fueron arrestadas a las 8 de la mañana, son subidas a un helicóptero, donde militares las amenazan con aventarlas al mar y empiezan las golpizas y los acosos sexuales: las jóvenes mujeres son narcotizadas y secuestradas por tres días. Tenidas con la cabeza tapada, son violadas y amenazadas de represalias hacia sus familias. Por los siguientes once días quedan bajo arresto en el Tutelar de Morelia, del que salen el 16 de mayo acompañadas de miembros de la CNDH y de sus padres.
Una de ella relata: « Una compañera y yo traíamos minifalda y nos la subieron. Nos bajaron las pantaletas y nos empezaron a tocar. […]Toda la mañana del 2 de mayo nos tuvieron en la casa de Carmela. Como a las tres o cuatro de la mañana nos subieron a un helicóptero, donde me aventaron bien feo. Caí de espaldas con las manos ya atadas; tenía mis manos atrás y caí con todo el peso en mis manos. Después, ellos (los soldados) me agarraron de los pies, me levantaron y me aventaron otra vez boca abajo; caí de espaldas. Me pateaban en todo el cuerpo. Uno de ellos se me subió encima, para seguirme agarrando más»9. Los soldados las intimidaban con frases del tipo: «¡Ahora sí, pinches putillas, hijas de perra, al cabo eso querían; ahora se las va a llevar la verga!»10.
El ex general José Francisco Gallardo Rodríguez, quien fue detenido en 1993 por haber denunciado la violación de los derechos humanos en el ejército, afirma que «l Ejército ha sido históricamente “intocable”. La diferencia ahora es que tiene una participación activa en tareas que no le competen: seguridad pública y lucha contra el narcotráfico. […] La impunidad empieza desde que los militares deambulan por las comunidades indígenas violando los derechos humanos de mujeres, hombres e infancia sin que haya una autoridad que los sancione, porque quienes incurren en estos delitos son juzgados en tribunales militares por “faltas a la disciplina militar”, no por las violaciones sexuales contra mujeres»11

Chimalhuacán
Estremecedor es el caso de Angela Solanch, una adolescente de 13 años, residente en Chimalhuacán, Edomex.: al ser violada por un policía estatal, Daniel Tenorio Buendía, decide denunciarlo y dos años después es condenado a once años de detención. En agosto de 2006 su esposa, Rosario Itzel Carrasco Castillo, determina vengarse contratando con 50 mil pesos a cuatro ex colegas de su esposo (Luis Ramón Félix de la O, Martín Amaya Barrera, Francisco Daniel Ledesma Nava y Román Marcos Mendoza Gallardo) y a un quinto hombre para secuestrar, violar, torturar y finalmente matar a la víctima de la violación12. Es sintomático que justo una mujer sea la que adquiere el modus operandi típicamente masculino. El juego está hecho, el mensaje se ha transmitido y asimilado: sexo, tortura y feminicidio son sólo unas etapas de un complejo proceso de venganza y reafirmación del poder, cada vez más a la orden del día. No se trata, pues, de un legado de sociedades retrógradas, sino de una involución hacia la cual se están dirigiendo las sociedades posmodernas, en las que el sexo es más que nunca mercancía de intercambio e instrumento de poder.

VIOLENCIA EN MUJERES INDÍGENAS
En 2002 el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez registró 52 casos de mujeres indígenas violadas por militares, sólo en los Estados de Guerrero y de Veracruz. Según el informe de la Asociación Comunicación e Información sobre la Mujer, A.C. (CIMAC), de 1994 a 2006 tuvieron lugar 86 violaciones sexuales por parte de soldados13.
Martha Figueroa del Colectivo Mujeres de San Cristóbal sostiene que «hay un patrón de comportamiento de los militares en el caso de violaciones a mujeres indígenas en las zonas donde hay conflictos internos, y el Ejército está como represor y controlador: van persiguiendo a alguien, violan a alguna mujer y ante la denuncia la respuesta es negar, hostilizar, criminalizar a la víctima diciendo que trata de desprestigiar a la institución»14. Según la investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y coordinadora del seminario “Género y Etnocidio” Rosalva Aída Hernández Castillo, «los cuerpos de las mujeres indígenas se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra el movimiento indígena […] La participación de las mujeres en el movimiento zapatista y en movimientos como los de Atenco y Oaxaca, han venido a trastocar los roles de género al interior de las comunidades, y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano. No es casual entonces que ante el "peligro desestabilizador" los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres. El nuevo colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la violencia sexual para sembrar el terror e intimidar a las mujeres organizadas […] Desde una ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo»15. Maylei Blackwell, finalmente, sostiene que «la violación es una colonización íntima que degrada la sexualidad de las mujeres indígenas. Si en el pasado sus cuerpos fueron la materia prima para forjar la nación mestiza, ahora son el espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto neocolonial»16.
Es triste y larguísima la lista de los casos de indígenas violadas por la policía y el ejército y todos son caracterizados por una total impunidad.
El 4 de junio 1994 tres hermanas indígenas tzeltales de 12, 15 y 17 años son violadas en Altamirano, en el Estado de Chiapas, por un grupo de soldados que participan en acciones militares contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El 10 de junio de 1997 doce indígenas zapotecas de la zona de los Loxicha del Estado de Oaxaca son violadas por soldados.
El 3 de diciembre de 1997 Aurelia Méndez Ramírez y Delfina Flores Aguilar, indígenas tlapanecas, son violadas por cinco soldados en Zopilotepec, en el Municipio de Atixtac, Estado de Guerrero.
El 21 de abril de 1999 Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33 años, ambas indígenas mixtecas, son violadas por miembros del ejército en Barrio Nuevo San José, en el Municipio de Tlacoachixtlahuaca, Estado de Guerrero.
El 16 de febrero de 2002 Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapaneca de 17 años, es violada en Barranca del Bejuco, en el Municipio de Acatepec, Estado de Guerrero, por ocho soldados del 41º Batallón de Infantería.
El 22 de marzo de 2002 Inés Hernández Ortega, indígena tlapaneca de 27 años, es violada por once soldados en Barranca Tecuani, en el Municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero.

Ernestina Ascencio
El 25 de febrero de 2007 la indígena nahua Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años y residente en Soledad Atzompa, en la Sierra Zongolica, en el Estado de Veracruz, vuelve a casa sangrando y les dice a sus propios hijos haber sido asaltada y violada por vía vaginal y anal por un grupo de soldados, presentes en la zona por operaciones antinarco – sus palabras textuales son: «Pinome xoxoque no pan omotlamotlaque» («unos soldados vestidos de verde se me echaron encima»). Al llegar al hospital, muere desangrada. Un médico forense del Estado de Veracruz le practica una autopsia y extrañamente lo asisten las autoridades de la Sedena. En un comunicado póstumo a la autopsia, la Sedena afirma haber mandado la muestra del “líquido seminal de cuerpo” relevado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que sea examinado y sucesivamente comparado con el ADN de los soldados asignados a esa zona. En otro comunicado, el número 19, acusa a un grupo de desconocidos de haberse disfrazado de militares y haber perpetrado la violación para instigar a la población en contra del ejército. Un soldado es arrestado y otros dos son consignados en Puebla por el presunto delito de violación hacia la anciana. Crece a nivel nacional la indignación y el repudio a la presencia del ejército en diversas zonas del país; éste constituye el principal baluarte del gobierno del neopresidente Felipe Calderón, carente de legitimidad y de autoridad, debido a la fuerte sospecha de haber tomado el poder gracias a un fraude electoral que nutre al menos el 43.4% de la población. El 28 de febrero José Luis Soberanes de la CNDH declara que se va a hacer cargo del caso, generando un hecho inaudito: no le compete hacerlo y ni siquiera pronunciarse durante una investigación aún por terminar, sino sólo después de que ésta concluya y antes de que sea archivada. La sospecha de fuertes presiones gubernamentales se vuelve cada vez más una certeza, cuando el mismo presidente el 13 de marzo afirma en vivo y a todo color que «Ernestina Ascencio murió por una gastritis crónica descuidada». Es evidente que para él es sumamente importante evitar una deslegitimación de la institución castrense, que le garantiza gobernabilidad y a la que ya asignó la tarea titánica de combatir el narcotráfico, lo que parece volverse su principal caballo de batalla y que hasta mayo de 2008 ha causado más de 4 mil ejecuciones17. Y probablemente es por eso que su primera acción de gobierno es aumentar el presupuesto para las fuerzas militares con 4 millones de pesos, recortando en cambio el que estaba destinado a la educación pública y a la cultura. El 18 de marzo la CNDH, tras volver a exhumar el cuerpo y hacer otra autopsia, declara que la víctima no ha muerto desangrada por la violación, sino por «una anemia aguda» debida a «úlceras gástricas pépticas», y que no existen signos de violencia en la región vaginal ni rectal.
Empieza una verdadera guerra de declaraciones entre autoridades judiciales y ejecutivas del Estado de Veracruz y federales, de la que prevalece la teoría gubernamental: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz pasa de sostener a capa y espada la versión de la violencia carnal – incluso declarando haber entregado 4 muestras de líquido seminal a la misma CNDH-  a suspender a los tres peritos encargados de la primera autopsia (el 30 de marzo) y, finalmente, a dar un giro total, afirmando el 30 de abril que la violación nunca ocurrió.
La familia de Ernestina es tácticamente aislada, se habla incluso de la “desaparición” de sus hijos.
Amnistía Internacional le solicita al gobierno mexicano reabrir el caso, que será llevado también ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y la CIDH.

Otras violaciones en la Sierra Zongolica
Y como si no bastara, en los siguientes meses se registraron otros dos feminicidios con violación tumultuaria hacia dos mujeres indígenas de la misma región.
El 21 de mayo de 2007 aparece el cadáver desnudo con signos de tortura (un cinturón masculino alrededor del cuello, trapos en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo) de Adelaida Amago Aguas, indígena nahua de 38 años, habitante de la Sierra Zongolica. La mujer, madre de cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y se encargaba del manejo de proyectos productivos en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El 25 de mayo de 2007, en los alrededores de la comunidad de San José Independencia, en la Sierra de Zongolica, el cuerpo de Susana Xocohua Tezoco, indígena nahua de 64 años, es encontrado por algunos campesinos en una milpa: yace desnudo, con las piernas abiertas y muchos moretones en cuello, piernas y brazos. El Ministerio Público, Alejandrino Arroyo Martínez, se rehúsa en abrir una investigación por homicidio y afirma que la señora ha muerto por un tumor maligno, negándose a practicar la autopsia en el cadáver. A las demandas de mayores investigaciones por parte de los familiares, contesta con la amenaza de arrestarlos. El marido afirma que la mujer presentaba signos de violación. La familia solicita la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz para volver a exhumar el cadáver y practicar la autopsia, que sucesivamente es encargada a las autoridades de la Ciudad de México para garantizar mayor imparcialidad y autonomía. Las investigaciones acaban como siempre con la negación de la violación. El caso es archivado para siempre.

Locutoras triquis asesinadas
La lista se concluye, al menos por ahora, con el dúplice feminicidio muy conmovedor de Teresa Bautista Merino y Felícita Martínez Sánchez, locutoras triquis de 22 y 20 años respectivamente, de la radio comunitaria en lengua indígena “La voz que rompe el silencio”, del Municipio Popular de San Juan Copala, en el Estado de Oaxaca. El 7 de abril de 2008 las dos locutoras –adherentes a la APPO- estaban por dirigirse hacia Oaxaca al Encuentro Estatal para la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca, donde coordinarían una mesa redonda “Comunicación comunitaria y alternativa: radios comunitarias, videos, prensa, internet”, cuando fueron asesinadas con 20 balazos por un grupo de paramilitares. Obviamente los dos crímenes siguen impunes. Aunque no se trate de crímenes perpetrados con técnicas de abuso sexual, se van a sumar a la interminable lista de feminicidios de la cual México detiene tristemente el récord mundial.